Decretos Legislativos buscan impunidad en derechos humanos y criminalizan más la protesta social

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó su total rechazo a los decretos legislativos recientemente aprobados por el Poder Ejecutivo que criminalizan aún más la protesta social y buscan impunidad en casos de violaciones de derechos humanos. […]

Seguir leyendo

CEJIL: El Ejecutivo peruano aprueba decreto para exonerar a responsables de graves violaciones a los derechos humanos

Washington, D.C.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifiesta su rechazo al Decreto Legislativo 1097 aprobado por el Ejecutivo peruano el 31 de agosto de 2010, que “Regula la Aplicación de Normas Procesales por Delitos que implican Violación de Derechos Humanos”, por el que aprueba una serie de beneficios respecto de […]

Seguir leyendo

ICTJ: Perú, normas que favorecen la impunidad deben ser derogadas por el congreso e inaplicadas por la justicia

Nueva York y Bogotá.- La expedición de normas que regulan los juicios a violadores de derechos humanos, ocurrida en el Perú esta semana, incluye preceptos contrarios a las obligaciones internacionales sobre el deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, afirmó hoy el Centro Internacional para la Justicia Transicional. “El gobierno y […]

Seguir leyendo

EPAF: Gobierno peruano limita investigaciones de crímenes de lesa humanidad

El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) manifiesta su condena al Decreto Legislativo No. 1097 publicado el 1 de setiembre por el gobierno peruano. Esta norma pretende aplicar la Prescripción para casos de violación de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno que afectó al país, así como plazos no previstos para el sobreseimiento […]

Seguir leyendo

Una amnistía encubierta

El Equipo de Incidencia en Derechos de IPRODES, dirigido por Ronald Gamarra comparte este comunicado con la opinión pública nacional e internacional, ante la grave amenaza al Estado de Derecho y la campaña pro impunidad de violaciones a los derechos humanos que se viene desarrollando por la promulgación del Decreto Legislativo 1097. Decretos Legislativos

Seguir leyendo

AI: Decretos Legislativos constituyen un grave retroceso en derechos humanos

El gobierno peruano debe abandonar todo intento por legislar a favor a violadores de los derechos humanos, dice Amnistía Internacional. Cuatro decretos legislativos emitidos por el Presidente Alan García, en uso de las facultades delegadas por el Congreso del Perú, podrían permitir el cierre de las causas que involucran a personas que están siendo investigadas […]

Seguir leyendo

COMISEDH: Ejecutivo quiere olvido e impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos

Ante las reciente publicación de los decretos legislativos Nº 1094, 1095, 1096 y 1097, emitidos por el Poder Ejecutivo, tras la delegación de facultades que le fuera otorgada por el Congreso de la República, mediante Ley Nº 29548, la Comisión de Derechos Humanos, desea expresar su preocupación y condena sobre lo siguiente: 1. Mediante el […]

Seguir leyendo

IDL: Decretos buscan impunidad en derechos humanos

Sin perjuicio de dar a conocer en los próximos días el análisis jurídico de cada uno de los decretos legislativos expedidos por el Poder Ejecutivo, en uso de las facultades legislativas delegadas por el Parlamento en virtud de la Ley Nº 29548, el Instituto de Defensa Legal (IDL) expresa públicamente su rechazo a gran parte del contenido de los mismos, por las razones siguientes. […]

Seguir leyendo

PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA IMPUNIDAD

La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú – ANFASEP, hace pública su indignación y rechazo a los Decretos Legislativos recientemente aprobados y publicados por Presidente Alan García Pérez, con el único fin de favorecer a violadores de derechos humanos que vienen siendo investigados y procesados por el Ministerio Público y el Poder Judicial, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas y policiales, buscando una vez más, la impunidad; pronunciamiento que se sustenta en lo siguiente:

El Decreto Legislativo Nro. 1097, regula la puesta en vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal, para delitos que implican violación a los derechos humanos.

Con este Decreto, militares y policías que se encuentran detenidos saldrán en libertad, se anularan los impedimentos de salida del país, permitiendo que muchos investigados eludan la acción de la justicia; las investigaciones y procesos penales contra los que cometieron actos de violación a los derechos humanos correrán la suerte de ser sobreseído o archivados por excesos en los plazos de investigación, excesos que en muchos casos obedecen a la falta de información por parte del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior ante los pedidos de información que hacen los jueces y fiscales en sus investigaciones.

Lo más grave de este Decreto Legislativo es que señala que la imprescriptibidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad debe operar para el Perú sólo a partir de la adhesión a la Convención sobre la Imprescriptibilidad; es decir desde el 2003 para adelante, desconociendo la jurisprudencia nacional e internacional. Así, en el caso Barrios Altos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “los obstáculos procesales tales como la amnistía, el indulto, la prescripción y la cosa juzgada no pueden ser circunstancias opuestas a la investigación, juicio y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”. En el caso Villegas Namuche, el Tribunal Constitucional ha señalado “Corresponde al Estado el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad y, si es necesario la adopción de normas restrictivas para evitar, por ejemplo la prescripción de los delitos que violenten gravemente los derechos humanos. La aplicación de estas normas permite la eficacia del sistema jurídico y se justifica por los intereses prevalentes de la lucha contra la impunidad”.

Con este Decreto Legislativo, los más de 500 casos de violaciones a los derechos humanos que se tramitan en el Poder Judicial y el Ministerio Público de Ayacucho, podrían ser archivados, entre ellos: Cabitos, Pucayacu, Cayara, Accomarca, Huancapi, Huanta 84, Raccaya, Tircus, Putis, Morales Ortega, Leonor Zamora, entre otros.

Desde nuestra organización de afectados por la violencia, ante estos intentos de impunidad, de obstaculización al acceso a la justicia y la búsqueda de la verdad por parte del gobierno de turno, hacemos un llamado a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, que gozan de autonomía y discrecionalidad, a defender el Estado de derecho a través del respeto irrestricto de la Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales, inaplicando los Decretos Legislativos que son abiertamente inconstitucionales.

NO A LA IMPUNIDAD!!!

NO A LA AMNISTIA ENCUBIERTA!!!

NI OLVIDO NI PERDON!!!