El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en su Informe 2006 recomendó al Estado Peruano que dé cumplimiento a las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en especial las relacionadas con el Plan de Reparaciones a las Víctimas, prestando atención a las consecuencias de la violencia en la vida de niñas y niños. ¿Cuál habría sido la recomendación del Comité al Estado Peruano de haber sido advertido que 25 niñas y niños, con menos de catorce años y vistiendo uniformes escolares, habían sido asesinados por el Ejército y enterrados en fosas comunes? ¿Cuál hubiera sido su comentario de haber estado informado que estos niños fueron doblemente víctimas?

Primero, porque fueron secuestrados por miembros de Sendero Luminoso que entraron prepotentemente a sus comunidades y se llevaron a docentes, niñas y niños para usarlos como apoyo en la violencia armada. Los encerraron en una escuela y cuándo esperaban que alguien pudiera escuchar sus llantos y rescatarlos, llegaron miembros del ejército, los golpearon y sin importarles que fueran tan sólo unos niños los mataron. ¿Qué consecuencias para la vida actual de niñas y niños puede tener este terrible hecho de violencia cometido 27 años atrás en la comunidad de Umasi, provincia de Víctor Fajardo en Ayacucho? ¿Qué tipo de reparación se debe dar a sus familias y a la comunidad? Conocer la verdad sobre lo que ocurrió es el primer derecho que tienen los familiares de las víctimas y el Estado está obligado a dar explicaciones.

De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos humanos conocer la verdad del por qué pasó y por qué en ese determinado lugar, es un derecho que le asiste a los miembros de la sociedad. Lo primero que tenemos que conocer es la identidad de los victimarios, tanto de los miembros de Sendero Luminoso que secuestraron a los niños y a dos niñas con el objeto de convertirlos en “niños soldados” como la de los miembros de las Fuerzas Armadas que terminaron asesinándolos. Las familias de esos niños cuyas vidas se vieron truncadas tienen derecho a ser reparadas individual y colectivamente, a ser atendidos en su salud mental, a reconstruir su historia y su comunidad, a pesar de los años transcurridos.

La sociedad tiene que reflexionar el por qué nadie ha reclamado públicamente el paradero de esos 25 niños. Me pregunto: ¿Podrían haber desaparecido 25 niños de algún barrio de Lima sin que nadie se presente en algún medio de comunicación para reclamarlos? Durante el año 2009 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Save the Children denunciaron la utilización de niños como soldados por parte del Ejército y de Sendero Luminoso; tres niños murieron en ese contexto. La mayoría de los niños reclutados eran quechua hablantes y de la selva. Eso nos dice que no hemos aprendido de la historia, que los niños no son los primeros en la fila a la hora de gozar sus derechos y menos aquellos de las zonas más alejadas y discriminadas del país.

Este es el momento para que todas las organizaciones de derechos humanos, como el Equipo Peruano de Antropología Forense que viene haciendo un excelente trabajo de reconocimiento de los restos, las que trabajan por los derechos de la niñez, por el desarrollo y la cooperación internacional; se junten, difundan y reflexionen sobre estos hechos y demanden políticas públicas para frenar la violencia cotidiana que hoy sufren la mayoría de niñas y niños en sus familias, en escuelas, instituciones públicas, en la comunidad y se desarrollen políticas especiales de protección. Que los restos y los uniformes escolares de los niños y niñas enterrados en Umasi nos conmuevan hasta el grito sincero de la verdad, la justicia y el nunca más.

Columna publicada en Ideeleradio.pe

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