logocongdePOSICIONAMIENTO DE LA CONGDE SOBRE LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY 26792 EN PERÚ

LA COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO DE ESPAÑA SOLICITA AL GOBIERNO PERUANO QUE REVISE SU DECISIÓN SOBRE LA REFORMA DE LA LEY QUE PONDRÍA EN RIESGO LA LIBERTAD Y LA AUTONOMÍA DE LAS ONG EN PERÚ.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE), plataforma que representa a más de 400 organizaciones, manifiesta su preocupación ante el hecho de que el Congreso peruano haya aprobado una reforma de la ley 26792, modificando las atribuciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). A juicio no sólo de las ONG peruanas y extranjeras, sino también de un grupo de congresistas y anteriores directivos de la propia APCI, la reforma podría atentar contra las libertades de asociación y contratación previstas en la Constitución y puede tener graves consecuencias para la estabilidad jurídica y para la democracia, ya que parece que el gobierno podrá intervenir de forma discrecional en las actividades de entidades privadas que trabajan en la cooperación al desarrollo. Bajo el pretexto de mejorar en transparencia, esta ley puede suponer un límite a la acción y a la autonomía de las diversas organizaciones no gubernamentales (universidades, asociaciones civiles, fundaciones, entidades profesionales, comunidades religiosas, etc.) frente a los intereses y prioridades del gobierno de turno, ya que, además de hallarse obligadas a estar inscritas en los registros establecidos en la APCI y a facilitar información de cada proyecto, actuación o financiación que se vaya a ejecutar, da la impresión de que la APCI podrá vetar la realización de aquellas actuaciones que estime que no se ajustan a las prioridades de la cooperación técnica que fije la Administración Pública, sean éstas financiadas o no por el Gobierno. El temor de la sociedad civil estriba en la apreciación de que esta iniciativa legal pueda ser utilizada como una forma de acallar y/o perseguir a personas y asociaciones civiles que cuestionen o denuncien irregularidades en la gestión del Estado, ineficacia de algunas políticas públicas o violación de derechos humanos.

Creemos, efectivamente, que la transparencia es clave para el buen funcionamiento de la democracia y apoyamos todos los esfuerzos dirigidos en esa dirección. De hecho, las Organizaciones No Gubernamentales peruanas ya son supervisadas por diferentes instancias gubernamentales (Ministerio de Trabajo, ESSALUD, SUNAT…) así como por sistemas y mecanismos de evaluación, rendición de cuentas y auditorías que exigimos de manera regular a nuestras contrapartes locales/nacionales.

La sociedad civil, a través de las organizaciones que, con sus prácticas de interacción y debate, promueven la participación ciudadana, ocupa espacios de actuación claramente diferenciados respecto del aparato estatal y del mercado; dentro de su campo de trabajo debe estar la búsqueda y propuesta de soluciones equitativas y durables, desde planteamientos de solidaridad y promoción del bien común, a los conflictos de intereses que se producen en el escenario social, político y económico.

La ciudadanía y sus organizaciones civiles, dentro de un marco de respeto a la legalidad, deben tener libertad para desarrollar este papel, así como para ejercer una sana función de control social sobre las instituciones públicas. Los/as ciudadanos/as tienen derecho a intervenir en la discusión política, a vigilar y criticar la conducta de las instituciones estatales, a manifestar sus opiniones sobre aspectos relevantes de la vida política, y también a impulsar iniciativas ciudadanas de búsqueda del bien común. Del mismo modo que en una democracia se necesita representación política, también, de forma complementaria, se necesita participación cívica, siendo las libertades de expresión y opinión elementos centrales del desarrollo y pilares de las sociedades democráticas.

La CONGDE reitera su preocupación por la orientación tomada por el Congreso peruano con esta reforma. Es preocupante que esta ley pueda dejar en manos del Gobierno peruano, a través de la APCI, la capacidad de controlar a las organizaciones de la sociedad civil; esto podría suponer que aquellas ONG que adopten posturas críticas sobre actuaciones o decisiones gubernamentales puedan ser reducidas o anuladas a través de la coerción que la reforma legal parece dejar en manos de la APCI. Consideramos que la aplicación de esta ley puede constituir un paso atrás en el fortalecimiento de la democracia en Perú y puede suponer un retroceso de la cooperación internacional con este país. Por ello esperamos que esta decisión sea revisada y que se alcance una regulación que sea consensuada con la propia sociedad civil y que no ponga en peligro el ejercicio de derechos tan importantes como el de asociación.

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