En noviembre, Tambo 40, uno de los proyectos icónicos previstos en el marco del acuerdo energético Perú – Brasil, fue dejado de lado por la empresa encargada de su ejecución, la brasileña Odebrecht. Esto ocurrió, tras comunicarle al Gobierno Nacional su intención de respetar la voluntad de los pueblos locales que, durante meses, manifestaron su desacuerdo con la construcción de una mega central hidroeléctrica en la zona.

Además del eventual desplazamiento de miles de personas, el proyecto implicaba la inundación o deforestación de amplias extensiones de bosques, así como la alteración del flujo de importantes ríos de la Amazonía peruana, como el Tambo en la cuenca media del río Ucayali. A su vez, hubiera representado la primera incursión de proyectos hidroeléctricos en esta región del país, algo que para diversos especialistas, implica un error en la planificación energética y en las perspectivas para el desarrollo sostenible de la Amazonía.

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“Hasta el momento, no existen centrales hidroeléctricas en la Amazonía baja peruana, a diferencia de países como Brasil, donde los impactos sociales y ambientales por estos proyectos han sido – en muchos casos – graves e irreversibles. En cambio, nuestro país presenta grandes oportunidades alternativas para producir energía como hidroeléctricas en los Andes, entre otras, por lo que el costo-beneficio de destruir grandes extensiones de bosques primarios y alterar ríos no parece favorable”, señala Juan Carlos Riveros, Especialista en Ciencias para la Conservación de WWF Perú.

En junio de 2010, los gobiernos de Perú y Brasil firmaron un acuerdo para la generación de energía y la exportación de excedentes al Brasil. En ese marco, diversos proyectos hidroeléctricos en la Amazonía peruana han sido promovidos ante el cuestionamiento técnico de especialistas quienes afirman la poca pertinencia de generar impactos en zonas prístinas de alto valor para la conservación y poblaciones locales en Perú, con fines de exportación.

Entre los proyectos priorizados, la represa llamada Tambo 40 proveería cerca de 1300 MW, aunque ante la potencial afectación de casi 15000 pobladores asháninka, Odebrecht – la ejecutora prevista originalmente – ha desistido formalmente ante el reconocimiento del pueblo ashaninka, que espera a su vez que acciones similares sucedan con otros proyectos como Tambo 60 y Pakitzapango, previstos dentro de sus territorios.

“Si bien el incremento en las demandas energéticas es esperable, es clave considerar que para su satisfacción se evalúen las variables necesarias, sobre todo en casos, en que está en juego, no solo la seguridad y estilos de vida de poblaciones locales e indígenas, sino sobre todo, la integridad de ecosistemas tan frágiles como los de la Amazonía peruana que proveen servicios ambientales críticos para el país y el mundo”, señala Riveros. En ese sentido, “impulsar la adopción de criterios técnicos para determinar las locaciones más apropiadas de dichas iniciativas, reduciendo los impactos al mínimo, y promoviendo estándares óptimos de intervención en los ámbitos biológico y social, son principios básicos que hay que considerar”, concluye el especialista.

En meses recientes, WWF ha trabajado de la mano de organizaciones locales promoviendo un mayor debate y entendimiento de esta realidad por parte de las empresas, autoridades y pueblos involucrados a nivel nacional. Asimismo, en el marco de la Iniciativa Amazonía Viva, WWF viene impulsando la adopción de criterios técnicos y científicos para determinar las mejores opciones de intervención de megaproyectos en la Amazonía, a fin de reducir sus impactos y contribuir a su sostenibilidad, lo que viene impulsando la adopción de mejores estándares en la planificación de grandes inversiones en la región.

fuente:wwf Perú

Sobre El Autor

La Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI) es una red fundada en el año 1994. Agrupa a organizaciones privadas de cooperación internacional para el desarrollo que laboran en el Perú. Su principal objetivo es actuar como interlocutor organizado de estas entidades ante el Estado peruano, así como ante las instituciones privadas y públicas relacionadas con el tema.

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