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Lima, 14 de febrero de 2014.- El crecimiento acelerado, desordenado e informal del país en las últimas décadas, ha creado un panorama altamente adverso en los centros urbanos para hacer frente a los impactos negativos de los fenómenos naturales. En este contexto, el martes 18 y miércoles 19 de febrero se realizará el “Encuentro Macroregional para la implementación de la Ley de Reasentamiento Poblacional para las Zonas de Muy Alto Riesgo, no Mitigable y su Reglamento”, organizado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED); la Asociación Solidaridad Países Emergentes (ASPEm) y el Programa de las  Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, en el auditorio del Complejo Javier Pérez de Cuellar, ubicado en la Av. Augusto Pérez Araníbar (antes Av. El Ejercito) N° 750 –Magdalena del Mar, desde las 9 am.

El evento contará con la participación de autoridades y funcionarios de gobiernos locales y regionales de Ancash, Loreto, San Martín, Ucayali y Lima, con quienes se abordará la problemática de reasentamiento poblacional. Se buscará fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y regionales frente a su responsabilidad en desarrollar las acciones de gestión del riesgo de desastres, entre ellas lo concerniente a reasentamientos poblacionales de centros poblados ubicados en zonas de muy alto riesgo no mitigable, reduciendo con ello la vulnerabilidad en las poblaciones más afectadas.

Ley Nº 29869 de Reasentamiento Poblacional para las Zonas de Muy Alto Riesgo, no Mitigable

El 09 de Mayo del 2012 se promulgó la Ley Nº 29869, declarándose de necesidad pública e interés nacional el reasentamiento poblacional de las personas ubicadas en zonas de muy alto riesgo no mitigable dentro del territorio nacional, y con Decreto Supremo N° 115-2013-PCM; se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869 estableciendo que las diferentes instituciones de los tres niveles de gobierno, puedan tener la capacidad de prevenir o reducir el riesgo con los instrumentos normativos de gestión tales como: procedimientos y metodologías que les permitan incorporar medidas de control de riesgos a través de actividades y acciones en los planes de desarrollo concertado, en los planes de acondicionamiento del territorio y en los planes de desarrollo urbano, todo esto siempre con la participación y aprobación de la sociedad civil organizada.

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